Riesgos de trabajo: La enésima batalla para frenar los juicios

El sistema de Riesgos del Trabajo argentino cumplió 20 años herido de muerte por una altísima judicialidad que a marzo de 2016 arrastraba 286 mil casos en stock. Si se verifican las tasas de crecimiento del ingreso de nuevos juicios que se dieron entre enero y mayo de 2016 (un 14% más que en el mismo periodo del año pasado), vamos a llegar a diciembre sumando 120 mil juicios nuevos.

Sin embargo, el festejo del cumpleaños se dio en el marco de un torbellino de novedades que emanan de la Justicia, de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y del sector de las ART.

EL PROYECTO DE LA SRT. Las nuevas autoridades de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) movieron sus fichas. En la apertura de la jornada organizada por el organismo de control por el 20° aniversario del sistema, el superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón, reveló los planes que tienen para «cuidar, curar y salvar al sistema» de la litigiosidad que lo aqueja: «Trabajamos hace siete meses en un proyecto de ley para llevar al sistema de Riesgos del Trabajo del fuero Laboral al fuero Nacional de la Seguridad Social», puntualizó como punto principal, aunque reconoció que dicha tarea no será fácil ya que se trata de una ley convenio que deben aprobar las provincias.

Morón dijo que la SRT avanza, además, en un proyecto de ley de prevención y en otro para la federalización del sistema (que en la actualidad no alcanza a todas las provincias y municipios). Sin embargo, definió que apunta todos sus cañones a generar una eficiente utilización de las Comisiones Médica, ámbito en el que se resuelven las diferencias entre las ART y los trabajadores. «Hoy dichas Comisiones no están cerca del trabajador ni están organizadas de la manera en que nosotros creemos que deberían estarlo», subrayó. Con el objetivo de que esta herramienta funcione sistémicamente, el organismo tiene a un grupo de especialistas en procesos administrativos trabajando full time. «Apuntamos a que los dictámenes de las Comisiones Médicas tengan carácter de cosa juzgada. Esto, a nuestro criterio, va a parar la litigiosidad en el primer estamento», zanjó.

En el mismo evento, el gerente General de la SRT, Guillermo Arancibia, agregó que uno de los indicadores que marca el camino a seguir es el hecho de que los casos se judicialicen sin pasar por las Comisiones Médicas (van de la ART directo al juzgado): «Entendemos que para resolver esto -y para garantizar una prestación equitativa, íntegra, oportuna y eficiente para todas las personas- se debe generar un marco para que la Comisión Médica sea una instancia administrativa obligatoria. Creemos que este foco es la manera para enfrentar la litigiosidad».

Mara Bettiol, presidente y gerente General de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), habla con Estrategas haciendo la aclaración de que no vio el proyecto de la SRT y que, por eso, sólo puede referirse a los anuncios que se hicieron: «El cambio de fuero es un camino que el sistema ya intentó recorrer, pero la Corte Suprema, con el fallo Castillo en 2004, sentó jurisprudencia definiendo que esa no es la salida. Para nosotros, es necesario que los juzgados Laborales integren de alguna forma este sistema».

Bajo esa concepción, UART también tiene sus planes: «Desarrollamos y presentamos antes ambas Superintendencias propuestas, una de las cuales apunta a que sea la ART quien determine el porcentaje de incapacidad. Dado que en la ley están fijados el alcance de las contingencias cubiertas, la valoración del daño y la fórmula para calcular las indemnizaciones, las aseguradoras pueden perfectamente determinar la incapacidad. En caso de discrepancia, proponemos que para la revisión el trabajador pueda acudir a la autoridad administrativa local y, de ser necesario, a los juzgados Laborales», detalla Bettiol.

Estrategas habla con el abogado Juan Carlos Mariani, socio del estudio Chevallier-Boutell, Speyer & Mariani: «Para transformar las propuestas en anuncios de reformas, asumo que la SRT debería bajar sus ideas a los sectores interesados para que den su opinión. Eso todavía no pasó», dice para empezar. «Al respecto del cambio de fuero, yo me pregunto hasta dónde se puede federaliza un procedimiento cuando la regulación de los mismos no está delegada en la Nación sino que le compete a las provincias. En el fallo Castillo, la CSJN determinó la inconstitucionalidad de la intervención de la justicia federal frente a la apelación de las Comisiones Médicas. Hay que ver cómo presenta la Súper la propuesta de cambio, que claramente deberá buscar el aval de las provincias», dice Mariani que no se declara ni a favor ni en contra, dispuesto a esperar los papeles concretos del proyecto.

Pero, independientemente de si técnicamente se puede o no mover al sistema hacia el fuero federal de la Seguridad Social, lo que a Mariani le preocupa es la posibilidad de dicho fuero para soportarlo: «La justicia de la Seguridad Social está colapsada y encima deberá abordar las cuestiones de la ley jubilatoria que se acaba de aprobar en el Congreso. Hay escepticismo sobre la celeridad que este fuero le pueda aportar a los casos que tramita Riesgos del Trabajo».

Para él, con el diseño de un buen decreto reglamentario del procedimiento administrativo previsto en la ley 26.773, a través de las Comisiones Médicas, por ejemplo, todo se facilitaría muchísimo, siempre y cuando se establezca como instancia previa obligatoria antes del inicio de cualquier juicio. «Una buena estructura procedimental con garantías de debido proceso, defensa del trabajador, etcétera, puede ser un mecanismo apropiado», postula.

FALLOS A FAVOR DEL SISTEMA. En el fallo dictado el 7 de junio de 2016 en la causa «Espósito, Dardo Luis c/Provincia ART S.A. s/accidente – ley especial», con la firma de los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco y Maqueda, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) resolvió que el reajuste de las indemnizaciones legales dispuesto por ley 26.773 en octubre de 2012 no puede aplicarse a la reparación de daños provocados por accidentes laborales ocurridos con anterioridad.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires determinó que dicha ley (que técnicamente se llama Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) no se aplica retroactivamente a siniestros anteriores a su entrada en vigencia.

Asociart ART, que pasó de tener 1.470 juicios en 2006 a 30 mil hoy, diez años después, fue una de las primeras compañías en cambiar de estrategia ante la judicialidad: como algunas otras, abandonó la actitud de arreglar los casos rápido para evitar pagar más en sentencia y se dispuso a recorrer el camino del reclamo través de las cámaras y hasta la Corte Suprema para que se aplique la ley.

«Juntamos casos para llevar a la Corte, para demostrar la gravedad del tema, para que los jueces tomen conocimiento y se expidan», dice Marcelo Larrambebere, gerente General de la ART del Grupo San Cristóbal. Para él, el 7 de junio pasado marcó un cambio de época, un punto de inflexión, un nuevo rumbo: «El día del fallo Espósito, lo festejamos. Lo percibimos como esclarecedor. Ojalá se cumpla el pronóstico que tenemos sobre que habrá algunos fallos complementarios que hablen de la correcta aplicación del RIPTE y del baremo. Eso le permitirá al sistema sostenerse en adelante».

Mariani completa diciendo que, en rigor, la CSJN, además de fallar sobre la no retroactividad de la ley, puso en claro dos cosas: que el ajuste por RIPTE sólo se aplica a las indemnizaciones de suma fija en pesos y a los pisos mínimos de las indemnizaciones variables, también en pesos, y que la indemnización adicional del 20% (estipulada para cubrir la compensación por cualquier otro daño como el moral, con el objetivo de que el sistema pague una reparación integral) no alcanza a los accidentes in itínere. «Lo que sería clave es que la CSJN ratifique la constitucionalidad del baremo. También se debería apuntar a la unificación de la tasa de interés, pero este tema es mucho más complicado», subraya el abogado.

Todo lo dicho ya está en la ley de Riesgos del Trabajo, pero jamás se cumplió. «Por eso, Espósito se convierte en una herramienta muy importante para limitar el pasivo contingente que tienen las ART. Hacemos un seguimiento de lo que pasa a nivel judicial y ya vimos que, desde que se dictó la sentencia hasta acá, hay por lo menos 15 fallos de cortes provinciales que determinan que se van a encolumnar detrás de este criterio de la CSJN. También, por el contrario, hemos visto casos en los que no se respetó Espósito… y los vamos a apelar», anticipa la presidente de UART.

La Suprema Corte de la provincia hizo Casación con su fallo y todos los juzgados inferiores de Buenos Aires deben adherir a ese dictamen. Espósito, en cambio, no es un fallo de Casación, por lo que su aplicación no es obligatoria. Por eso, algunos abogados asumen que habrá resistencia: «Presencié una reunión entre camaristas y abogados laboralistas que se juntaron para analizar y criticar el fallo. Es esperable que se hagan algunos planteos», sostiene Ricardo Silverstein, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, abogado que participó de los festejos con el 20° aniversario de Asociart ART.

La cuestión es que, en la práctica, el sistema de apelación será la herramienta del sector asegurador para seguir llevando casos a la CSJN. El poder de lobby de las ART tiene su foco en lograr que los jueces del máximo tribunal se interesen en casos específicos, clave para la resolución de la judicialidad y, en ese camino, es esperable que en el corto plazo haya novedades: «La Corte va a revocar a las cámaras que no cumplan con el precedente vinculado a la no retroactividad de ahora en más. Imaginamos que al final habrá tres fallos, Espósito y otros dos, sobre RIPTE y baremo. Y, luego, la CSJN revocará tantas veces como sea necesario a las cámaras, hasta que los jueces entiendan que el máximo tribunal asumió un compromiso», sostuvo, en el mismo festejo de Asociart, el abogado y economista Juan Sola, reconocido especialista en Derecho Público.

PROXIMOS ROUNDS. Para UART, la salida de la compleja situación judicial del sistema requiere del trabajo en tres planos:

·                    Los criterios judiciales: La disparidad actual de criterios en la justicia para tratar un mismo caso es letal para el sistema.

«La disparidad avanzó sobre cuatro ejes: la retroactividad, el RIPTE, el 20 por ciento sobre los in-initínere y el baremo. Los últimos fallos de las cortes supremas empiezan a marcar un rumbo más cierto en los primeros puntos. Sobre baremo no hemos tenido novedades. Sería muy importante que se pronuncien a ese respecto», dice Bettiol.

·                    La cuestión pericial: Amerita una regulación ya que, por un lado, a excepción de Salta, en el resto de las provincias los peritos siguen cobrando honorarios en función del porcentaje de incapacidad que determinan (lo que claramente no resulta un incentivo para alinear criterios) y, por otro, la ley prevé un baremo que nadie utiliza.

«Como no es inequívoco el alcance de la cobertura, muchas personas van a la justicia a ver qué suerte corre su caso. La cuestión de los peritos y el baremo se tiene que rever en la legislatura de cada provincia. Nosotros nos acercamos a esas legislaturas para informar de la situación con la idea de promover algún cambio», explica la presidente y gerente General de la Unión de Aseguradores de Riesgos del Trabajo.

·                    Proyecto de ley: Es necesario rediseñar el procedimiento administrativo para determinar la incapacidad y el establecimiento de un procedimiento a seguir en los casos en los que aparezcan discrepancias respecto de las incapacidades determinadas en etapa administrativa. La SRT, como ya se dijo, apunta a fortalecer la gestión a las Comisiones Médicas y a mover el sistema al fuero federal de la Seguridad Social. UART, por su parte, busca que sea la ART quien determine el porcentaje de incapacidad.

«Valoro enormemente -dice Bettiol- el esfuerzo de la SRT para entender esta situación y su vocación por resolverla. Estimamos que seremos convocados, junto a otras cámaras empresarias y sindicatos, para trabajar en un proyecto de ley que satisfaga a todos los sectores».

  • Asociart ART, que pasó de tener 1.470 juicios en 2006 a 30 mil hoy, diez años después, fue una de las primeras compañías en cambiar de estrategia ante la judicialidad: como algunas otras, abandonó la actitud de arreglar los casos rápido para evitar pagar más en sentencia y se dispuso a recorrer el camino del reclamo través de las cámaras y hasta la Corte Suprema para que se aplique la ley.
  • FALLOS A FAVOR DEL SISTEMA. En el fallo dictado el 7 de junio de 2016 en la causa «Espósito, Dardo Luis c/Provincia ART S.A. s/accidente – ley especial», con la firma de los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco y Maqueda, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) resolvió que el reajuste de las indemnizaciones legales dispuesto por ley 26.773 en octubre de 2012 no puede aplicarse a la reparación de daños provocados por accidentes laborales ocurridos con anterioridad.